Primer acto: renuncia el director del INDEC, Marco Lavagna.

Segundo acto: el ministro de Economía, Luis Caputo, anuncia que el gobierno seguirá utilizando el viejo índice para medir la inflación porque el nuevo método de medición reflejará un índice mayor y no es bueno que esos nuevos datos se sepan públicamente.

Acto final de la saga: la población seguirá recibiendo números desligados de la realidad y a todos los trabajadores/as, jubilados/as y pensionados/as nos seguirán adeudando un 23% por informar una inflación desactualizada. Y esta brecha se ensanchará mes a mes.

El gobierno quiere tapar el sol con las manos pero eso ya no es posible.

La realidad los deja desnudos y no pueden ocultar la falsedad de los datos.

Este mes se autorizaron nuevos aumentos de la luz, gas, agua y telecomunicaciones, los alquileres aumentaron mucho más que cualquier dato de inflación real o ficticia, los alimentos siguen su camino ascendente en las góndolas y mostradores, los precios de los útiles escolares dieron un salto enorme. No son opiniones. Son hechos.

La nueva metodología apuntaba a renovar la canasta que se utiliza para informar la inflación y la ponderación de los datos para reflejar con mayor realismo los gastos actuales. Recordemos que los patrones de consumo que se usan para informar el aumento inflacionario mensual son los mismos desde el año 2004.

Aún así, el nuevo método ya quedaba antiguo porque hubiera reflejado la realidad del año 2017 y ha pasado mucha agua bajo el puente durante este último período.

La Mesa Sindical reitera que es necesario un nuevo índice que refleje la realidad y, para ello, es imprescindible convocar a los trabajadores/as y consumidores que somos los que sufrimos esta farsa oficial y, fundamentalmente, que nos devuelvan el 23% que nos adeudan a todos/as por la mala praxis gubernamental.

Pelearse con la realidad no es bueno. Negarla es inútil. Los resultados son tristemente conocidos.